Archidiócesis de Sevilla

    Titular de una noticia días atrás, que dice "Los políticos se van a tener que tomar todas las noches un dolalgial"… Sobre las actuaciones llevadas a cabo en el barrio de las 3000 viviendas de Sevilla, hace referencia a la actitud de la Administración Pública respecto a las actuaciones seguidas hasta hoy en este barrio, donde un foco de pobreza que debería avergonzarnos, pervive durante décadas, sin que casi nada de lo hecho por nuestros políticos hasta hoy haya alumbrado resultados medianamente plausibles.

    El fondo de este problema se debe a muchas causas: me atrevería a decir que la primera es de imaginación, desde luego, la segunda de compromiso, y la tercera de interés. Nuestros responsables políticos en general, dicho se que las generalidades son odiosas desde luego, han ido pasando por alto del problema, acuciados más por la inmediatez en sus decisiones preocupados por la conservación de su patrimonio electoral. En aras de la conservación del voto, las decisiones se toman más por su rédito electoral, que por la evaluación de necesidades reales, objetivas, que, si bien puedan ser menos percibidas por la ciudadanía, crean tejido social y estructural suficiente para entramar otras posibilidades de futuro.

    El Empleo, por ejemplo, es una muestra paradigmática de esta filosofía de actuación que debemos denunciar los ciudadanos, sobre todo en Andalucía. Asistimos desde hace meses a la interminable instrucción de la juez Alaya sobre las actuaciones realizadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de las que se deduce un gravísimo problema que, sin embargo, tiene poco que ver con los incontables millones de euros que se han defraudado a través del mecanismo presuntamente ilícito de las transferencias de financiación. La verdadera gravedad del fraude que aflora en el asunto de los ERE no son sólo los 855 millones que presumiblemente se han repartido sin control administrativo adecuado, sino que en Andalucía se haya pergeñado un entramado desde la misma Administración Pública orientado a la destrucción de tejido productivo, a las desestructuración social a cambio de prestaciones del sistema que luego el mismo sistema es incapaz de sufragar… La gran responsabilidad política en este problema reside en la carencia de ideas para reconducir todo este entramado y reconvertirlo en un sistema generador de empleo real: por decirlo de una forma gráfica, en Andalucía se ha venido sufragando durante décadas la "creación de desempleo" a través de subvenciones, destruyendo tejido con el que crear puestos de trabajo.

    Estos mecanismos se articulan de tal manera que difícilmente se puede exigir una responsabilidad directa a los causantes de este bárbaro desaguisado. Obsérvese que me refiero realmente a las debidas responsabilidades por la filosofía de fondo que lo sustenta, a quienes han definido el mecanismo por el repartir dinero público para sustentar la desestructuración. Desconozco profesión con responsabilidades tan escasas como la del político. Escarben por donde quieran, que en última instancia, luego de asomarse incluso a tribunales, se encontrarán que el político de turno no será responsable de las decisiones tomadas, que en definitiva quedan desviadas bien a los funcionarios implicados, bien a sus beneficiarios indirectos. Se presupone finalmente, que la responsabilidad se dirime en las urnas, pero esta excusa es una falacia si se piensa en el voto cautivo del mal llamado “político profesional”…

    En última instancia, surgen entre líneas unas palabras del Papa Francisco: "Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido." La esperanza es que todo esto aflora estos días con un tsunami que avergüenza a la mayoría de la sociedad. Paréceme que nuestros políticos aún no se han percatado de hacia dónde apunta: la profusión de los comportamientos corruptos está haciéndonos más conscientes de sus consecuencias y del gravísimo daño que nos causan a todos. Vamos camino de una nueva exigencia de responsabilidad del ciudadano hacia sus representantes políticos: hacen mal sus señorías si no avanzan en esa misma dirección, porque el camino de la irresponsabilidad solo aboca a un destino árido y ocre.