Archidiócesis de Sevilla

Si calculamos en metros, a 5,5 centímetros aproximadamente cada 500 folios, el sumario de los ERE de Andalucía ocupa casi de 23 metros de estantería, una columna de folios de casi 6 plantas. A una velocidad de lectura de 52 segundos por página, y sin tomar ninguna resolución ni reflexionar nada al respecto, se tardaría aproximadamente 97 horas en leerlo, y eso sin descansar siquiera para levantar la vista del papel. Si se pusiera el sumario completo en una tira de papel continuo, de ese que se usaba en las impresoras antiguas, alcanzaría algo más de 47 kilómetros y medio, la misma distancia que hay entre La Fuencubierta y Alcolea, entre Tinaja y San Luís del Potosí, o entre Andalucía y una República Bananera: quien lo iba a decir, la Segunda Modernización expedientada por retroceder a los años de aquella Andalucía oscura de la Mano Negra. Entre tanto, la Justicia en nuestro país se mide por kilos de papel, por kilómetros de folios, por metros de estantería, por tomos en autos de «todo a cien«. Me cuesta creer que la Justicia sea más justa según qué jueces o según el tamaño de los procedimientos. Estoy más en la convicción de que la Justicia, con mayúsculas, no se hace de tomos y folios, sino de valores y principios… Esos valores y principios que hace tiempo que no se ven en nuestras leyes ni en nuestros legisladores. Y claro, luego vienen los kilómetros de papel para empezar con un principio que no acaba sino muchos kilómetros más allá.

En efecto. A vueltas vamos con la Justicia y con su estética. Rara vez hablo de la Justicia, de sus lides y de sus virtudes. Quizá lo achaquen a ese tan cacareado secreto profesional que nos condiciona a los abogados. O quizá se deba a querer apartar de este blog las lides y virtudes de un sector, el jurídico, que tal vez como otros sectores de la sociedad, no pasa por sus mejores momentos. Lo más cierto es que me reservo algunas valoraciones por una especie de amor propio, trufado de vergüenza ajena, que me genera el mundo judicial y los malos ratos que tantos profesionales estamos viviendo en este momento en que la Justicia sufre y créanme que lo hace con estertor.

No me negarán ustedes que una sociedad sin Justicia es una sociedad que sufre. No me cabe la menor duda de que nuestra medida de Justicia es exigua y paupérrima ante la Justicia que administra Dios. No obstante, entre tanto, y mientras nos toque vivir en este mundo reducido de aspiraciones humanas, el deseo de Justica se hace tanto más necesario, una cualidad que debiera mover toda aspiración cotidiana, todo servicio, y toda entrega. No obstante, sucede que a los que vivimos el día a día de esta administración judicial, cuando tenemos que sentarnos cada mañana ante una clientela ahíta de dificultades, se nos queda cara de imposibles y de «si ustedes supieran«. Nuestra Justicia es probablemente el servicio público que peor funciona de todos los servicios públicos que ustedes tienen que frecuentar. Se lo escribo con desazón, con un poco de angustia incluso, porque tener que pelear día a día con esa maquinaria envejecida, escasa de medios, preñada de constantes dificultades y en la que un sinfín de profesionales, jueces, fiscales, abogados y procuradores, funcionarios, luchan cada día por conseguir sacar algo positivo, es realmente complicado. Los medios judiciales de este tercer Poder fundamental del Estado de Derecho, son cada vez más exiguos, más imposibles.

Varios casos someto a su criterio. Uno de ellos, paradigmático, el archiconocido asunto de los ERE instruido por la ya famosa juez Alaya. Es cierto que se trata de un asunto harto complejo, en el que la madeja judicial cada día se enreda más a la vista de las constantes y novedosas imputaciones que este caso levanta cada día. Un caso de tal complejidad debería desde luego no demorarse más tiempo del necesario para que la investigación no acabe en un vicio de procedimiento, por sus demoras y por sus efectos nocivos incluso en la reputación de todas las personas implicadas. Las demoras, sin embargo, del procedimiento en verdad debemos reconocer que no se deben a la juez, quien hace todo lo posible por profundizar en todas las consecuencias de los comportamientos presuntamente delictivos que se están detectando al pairo de esta complicada instrucción. La misma carencia de medios de la Justicia en general ha puesto en evidencia hasta la dificultad para archivar la documentación del procedimiento de la mejor y más adecuada manera. Han circulado fotos de los archivos amontonados de una manera casi tercermundista, hasta que la Consejería de Justicia tuvo a bien remitir unos míseros armarios. Y conste que no hablo de la intervención de la misma Junta de Andalucía en este procedimiento, ni de la nueva juez Nuñez Bolaños, para no enturbiar aún más las dudas que se ciernen sobre este asunto.

Un segundo ejemplo es una invitación. El acceso a los juzgados es público y abierto. Para quienes vivimos en Sevilla, pueden ustedes hacer una visita de pasillo y sala, bien al edificio casi decimonónico del Prado, bien al edificio Viapol o al Noga. Cualquiera de ellos es evidencia del entorno en que nos movemos funcionarios y profesionales en Sevilla. El edificio del Prado es bochornoso, estética franquista, que me río yo del ansia de algunos por eliminar los símbolos franquistas pero no quieren ni acordarse de que estos pasillos del Prado también siguen manteniendo un símbolo franquista tras cada puerta de cada oficina o en cada estantería setentona de estas paupérrimas oficinas. Y ello no porque los profesionales, funcionarios y autoridades que lo pueblan no apliquen la Constitución del 78, sino porque se sigue trabajando en aquellas meses metálicas de los años 60, con incluso aparatos de aire acondicionado de entonces, estanterías, medios y hasta algún sello diría que prerrománico. La estética, evidentemente, no lo es todo, pero sí les puede llevar a hacerse una idea respecto a cómo esta Justicia nuestra sigue anclada en las mismas dificultades materiales de hace varias décadas.

Por último, les invito a indagar un poco en las demandas de todos los profesionales del sector. No les hablo de mejoras económicas o rendimientos a nuestro trabajo. Sólo demandamos un poco de respeto y consideración de la sociedad respecto a este poder público para el que prestamos servicio, tiempo y dedicación. Un respeto que debiera materializarse en medios, en posibilidades para que efectivamente se cumpla la ley en cuanto a procedimientos y medios, un respeto de los otros poderes públicos respecto de este tercer poder y de sus decisiones y necesidades. Si fuera de ustedes el caso de que sufran un señalamiento de su demanda por despido, por ejemplo, para abril de 2019, entenderían probablemente que esa Justicia de la que hablo, que en muchos supuestos se convierte en una necesidad y en algunos casos una cuestión incluso de vida o muerte, se hace tanto o más necesaria llevada por la premura de la urgencia.

Una sociedad no puede reconocerse democrática y lícita si no existe una Justicia material y un tercer poder que controla a los otros dos poderes de la división común de nuestra Constitución. Les he expuesto tres estertores de nuestro servicio público judicial, pero cotidianamente se producen muchos más. Las causas probablemente están en que al ciudadano medio estos estertores no llegan sino cuando ya no tienen solución, cuando se encuentra usted implicado en cualquier enredo judicial, en cualquier demora, en cualquier documento que se pierde o en cualquier gestión que hacer con la Administración de Justicia. Todos pedimos mejores servicios de salud o mayores atenciones al desempleo o inversión en servicios públicos cotidianos, pero la mayoría de las veces se nos olvida lo imprescindible de una Administración de Justicia bien dotada, con profesionales adecuadamente motivados y preparados, con jueces, fiscales, abogados o procuradores pertrechados de valores y posibilidades para hacer que esta inmensa máquina funcione. Al otro lado de la máquina están los ciudadanos y, por desgracia, aquellos que se benefician de su mal funcionamiento. Quizás nadie quiere acordarse de que una Justicia eficaz es el mejor remedio a la corrupción, a los ERE fraudulentos de nuestros políticos ladrones, o a la negligencia elocuente de nuestros políticos más incultos.

Así que acuérdense ustedes cada vez que tenga un pequeño accidente de tráfico, o un certificado en el registro o simplemente cada vez que tengan un poco de tiempo, dense un paseo por los Juzgados y piensen de quién es la culpa de que todo eso no funcione adecuadamente. La pregunta, como siempre, es responder al típico “quid prodest» («a quién beneficia») que el Tercer Poder no funcione.