Archidiócesis de Sevilla

Como una ironía de la cual culpemos al destino, a las estructuras, al sistema, o a los dioses del Averno, les traigo una anécdota que me comenta una profesora de instituto, no tanto porque en sí misma deba ser considerada como generalidad, pero sí a colación de las caléndulas, que empiezan a traer tanto calor y un verano que se nos antoja tórrido y no exento, este año, de procelosos vaivenes. Observen ustedes que entre junio y septiembre de este año vamos a tener no pocos temas de conversación, los justos para que nuestras cabezas necesiten un descanso.

La anécdota es tan actual como de anteayer mismo. Estando la profesora en cuestión atendiendo una clase de hormonadísimos adolescentes de entre 14 y 15 años, a quienes exige no más que el cumplimiento de unos objetivos concretos en su plan de trabajo de su asignatura, se ve obligada a entablar un debate con uno de ellos, que hace de portavoz, más bien vocero, de la mayoría del aula, quien con sumo desparpajo justifica una serie de argumentos para que la profesora rebaje el tono de las exigencias del examen final de la materia: a juicio del alumno voceante, la profesora está violando sus derechos, sin entrar en disquisición alguna sobre la obligación que les compete en tal que alumnos de la materia. Termina el alumno en cuestión argumentando que, definitivamente, se les está violando su «derecho a no saber«… La argumentación del vocero está cargada de ironía, si no fuera porque algunas veces las intenciones las carga el diablo de otras malas fraguas. A nuestros colegiales les hemos llenado la cabeza de derechos, durante décadas por cierto, que digo yo que la cosa viene casi de antiguo, remontando lo antiguo a los años 80, etapa a partir de la cual en la Educación en España empezamos a hacer experimentos, convirtiendo la Enseñanza en un campo de pruebas de tiro a discreción.

Termina este curso 2015-2016 plagado de incertidumbres en Andalucía. La primera corresponde al interregno político en que nos encontramos, que ha dejado en puntos suspensivos hasta la aplicación de la misma LOMCE, al regusto de Susana Díaz, quien como otros, ha utilizado la renovación legislativa como arma arrojadiza. Nada nuevo bajo el sol, es decir, la Educación viene siendo un arma de destrucción masiva en España aproximadamente desde los ya mencionados años 80, en que el gobierno de Felipe González se dedicó a aplicar supuestas nuevas teorías pedagógicas, dando lugar a un deterioro en nuestro sistema educativo que ha ido degenerando hasta hoy. Si hacen ustedes una valoración del camino recorrido entre la primera LODE, allá por los 80, hasta la más reciente LOMCE, observarán que la razón principal ha sido una que esconde no más que malas intenciones: la Educación siempre ha sido una herramienta al servicio del poder, es decir, al servicio del político de turno en el gobierno, sin que haya existido ni una sola de esas leyes educativas que hayan pensado mejor en el bien común, el beneficio del país, u otros criterios más ensimismantes como pensar en la construcción de una persona integral o cosas similares. Hemos caído en la trampa del sistema, que es el mal común de todo cuanto acontece en España en las últimas casi cuatro décadas, no más que dejar en manos de los malos, vagos y torpes de la clase, el establecimiento de los contenidos a evaluar, los criterios de evaluación y hasta los principios que rijan el orden de las cabezas pensantes. Coincidirán conmigo que, estando el sistema educativo en manos de nuestros políticos, sometidos a otros intereses ajenos a los de la mayoría, al final quienes pagamos los desperfectos de este desaguisado somos, como siempre, los ciudadanos.

Urge un pacto educativo, sí que es cierto, pero un pacto educativo que aleje de aquellas manos malintencionadas una herramienta tan importante y complicada como la Educación. Urge una Educación profesionalizada, en la que lo prioritario sea el bien del alumno altamente considerado. Causa cierto terror cómo ciertas malas intenciones calan en la sociedad sin más, sin hacerse una valoración de los principios o pareceres superficiales que transmiten: me refiero, por ejemplo, a esta reciente y absurda campaña para reducir los deberes de los alumnos, o a la otra en la que se intercalan nuevos períodos de vacaciones en el curso escolar. Y lo digo desde el respeto a la buena intención de una u otra campaña, que creo que se mueven en la buena intención, pero van orientadas ambas a hundir determinados valores del sistema. Una Educación en la que no primen determinados valores y principios, como esfuerzo, cierto grado de disciplina o cierta consciencia de dedicación permanente, acaba inculcando en los alumnos una serie de derechos unas veces absurdos, otras veces altamente nocivos que dan lugar, finalmente, a una sociedad no ya inculta, que también, sino sobre todo desequilibrada en la que el mismo concepto de derecho se sobredimensiona por contraposición a un concepto de obligación, que acaba perjudicándonos a todos a medio o largo plazo. El alto grado de desempleo existente en Andalucía, por ejemplo, no es más que la consecuencia de una Educación supeditada al poder, a un poder que luego de un sistema educativo desincentivador, no ofrece más alternativas que seguir viviendo de la subvención, de la ayuda pública o de un puesto de trabajo funcionarial…

Y todo eso, ténganlo en cuenta, por no hablar del imparable «derecho a no saber». De aquel chiste en el que te preguntan qué es peor, la ignorancia o la indiferencia, siempre ha dicho que probablemente la ignorancia porque ésta te hace al final tremendamente insolente e injusto. Pues eso, sigamos inculcando el derecho a no saber, y veamos qué sociedad tenemos dentro de otra década de experimentos educativos.