Archidiócesis de Sevilla

Se nos despachan nuestros próceres estos días con la iniciativa presentada por algún partido político, para una proposición no de ley a fin de que las cuentas de la Iglesia sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. En sí misma, esta iniciativa, ya de por sí abrupta por la disparidad de criterios que mueven a nuestros políticos ya nacionales o autonómicos, no es sino bienvenida grosso modo por la Iglesia, toda vez que, contrariamente a lo que se piensa, no cabe la menor duda de que cualquier control sobre lo que se gasta, sea de origen público a privado, dentro de nuestra Iglesia es bueno que sea bien conocido y con todo detalle. El problema real, en verdad es otro que les paso a detallar.

Antes de ello cabe hacer unas aclaraciones sobre todo este particular. Desde que colaboro con la Archidiócesis de Sevilla, y este año que comienza cumplo 20 años de colaboraciones con distinta intensidad, vengo escuchando la cantinela de las cuentas de la Iglesia y de su fiscalización, cosa que con toda normalidad obtiene una respuesta directa y clara por parte de la Iglesia: pidan ustedes las cuentas, que no existe ningún inconveniente en facilitárselas. Así ha sido desde hace ya tantos años e incluso conozco personalmente algún periodista profundamente decepcionado porque cuando pidió recibió, a diferencia de cuando estas u otras informaciones se piden a otras instituciones públicas en nuestro país, y eso cuando la cosa de la Transparencia no estaba tan de moda como ahora. La Archidiócesis de Sevilla ha tenido siempre esta información a disposición de quien la requiriera, bien en aquellos años en que se llevaba conocerla en papel, bien ahora que todo está electrificado, informatizado, digitalizado y fiscalizado por el escrutinio de la opinión pública a cualquier nivel. Tan es así, que cualquiera podía acceder a la información económica de la Iglesia de Sevilla a golpe de pocos clics. Para hacerlo incluso más fácil, la web de la Archidiócesis ha creado su propio Portal de Transparencia, donde pueden ustedes encontrar toda esta información con la más absoluta facilidad (simplemente pinche aquí), con el excelente trabajo y gestión, por cierto, del exiguo equipo económico y de administración del Palacio Arzobispal, en nuestra Archidiócesis, que mantiene toda esta información magníficamente gestionada, bajo control y puesta al día.

Añadan a ello el convenio de colaboración firmado en mayo del año pasado entre la Conferencia Episcopal Española y la ONG Transparencia Internacional España, que «pone de manifiesto el interés de esta institución en implementar una política que conduzca a este objetivo y haga de ello en eje fundamental de su actividad«. Conforme a este convenio, la Conferencia Episcopal Española se compromete, de acuerdo con la normativa vigente y con arreglo a las limitaciones derivadas de la misma, a llevar a cabo actuaciones dirigidas a aumentar el nivel de transparencia y apertura informativa de la propia Conferencia y de los órganos e instituciones dependientes de la misma, actuaciones que implican dar a conocer los resultados de las Campañas de IRPF de Asignación Tributaria a favor de la Iglesia, ofrecer información económica sobre el destino de los fondos recaudados en la Asignación Tributaria de cada año, someter la Memoria de actividades de la Iglesia católica a un proceso de revisión por una de las grandes auditoras internacionales, implantar, en una primera fase, una Oficina de rendición de cuentas para Fundaciones y Asociaciones religiosas de ámbito nacional, además de un largo etcétera de objetivos que ya se están cumpliendo a día de hoy (pueden acceder al texto íntegro del acuerdo pinchando aquí).

El problema de la fiscalización que pretenden nuestros partidos es otro realmente. Por lo pronto, la proposición no de ley que en estos días impulsan dos partidos surge de una ignorancia manifiesta, que en realidad es una presumible mala fe, sabido es que en nuestra política no se da puntada sin hilo cuando se trata de incomodar a la Iglesia, Don Tancredo excelente para nuestros representantes. Los impulsores de esta iniciativa conocen de antemano que el Tribunal de Cuentas no puede recibir orden alguna de las Cortes Generales para que fiscalice las cuentas de esta o cualquiera otra institución, sino que es un órgano autónomo a este respecto. Por otro lado, habría que poner en duda la misma capacidad, eficacia e incluso independencia del Tribunal de Cuentas para realizar esa labor, cuando sus mismos consejeros son nombrados por los partidos políticos cuyas cuentas deben ser fiscalizadas por el Tribunal. A ello habría que añadir las críticas que se le vienen haciendo desde hace años por las no pocas veces arbitrarias formas de acceder a los cargos que lo integran, cuyas parentelas han sido puestas de manifiesto por los medios de comunicación en varias ocasiones. Por último, el mismo Tribunal de Cuentas es puesto en duda en general por la eficacia de su fiscalización, toda vez que al considerable retraso en sus actuaciones, hay que añadir la indisposición e insuficiencia de medios para ejercer su función con la debida calidad de servicio: como en general con la Justicia en España, hecha unos zorros, el Tribunal de Cuentas sufre casi desde su constitución de tantas carencias, que hay que responsabilizar precisamente a nuestros políticos, cúspide piramidal del sistema, quienes dificultan los medios a las entidades de fiscalización precisamente con la intención, nunca manifiesta, de que el sistema no funcione, lo cual en última instancia o bien les beneficia, o bien simplemente no les impide hacer y deshacer a su antojo sin control alguno…

En cualquier caso, la fiscalización que pretenden los partidos sobre las cuentas de la Iglesia, no nos engañemos, es otra muy distinta: la intención oculta es establecer condiciones sobre las actividades de la Iglesia a las que van destinados los fondos públicos que la Iglesia recibe. En suma, lo que se pretende no es otra cosa que buscar mecanismos indirectos de control sobre las actividades de la Iglesia, para así tenerla sometida y dificultar su actividad. La Iglesia Católica suele molestar a estos señores, aunque no acaba uno de entender por qué, y de ahí que se la quiera someter a control por distintas vías y medios, unas veces aceptables y legales, y otras no tanto.

Como imaginarán ustedes, y pueden comprobar por sí mismos, la Iglesia Católica no se opone a que se conozcan sus cuentas y los destinos de sus ingresos. Les invito a hacerse algunas preguntas: ¿saben ustedes a cuánto asciende la nómina de un sacerdote?, ¿saben ustedes cuánto cuesta el mantenimiento de su parroquia?, ¿saben a qué destina los ingresos Caritas parroquial? Luego de eso, entren en el Portal de Transparencia de nuestra Archidiócesis y sigan investigando, no se decepcionarán.