Un modelo de país

A la hora de evaluar las opciones políticas, existe un mecanismo sencillo pero que requiere de cierto esfuerzo por parte del ciudadano, una forma de dar juego a la imaginación y a nuestras expectativas de derecho. Un ciudadano tiene la obligación de pronunciarse en política, si se es cristiano más aún, pues implica a su vez la obligación moral de construir una sociedad cristiana, evangelizar los ambientes y orientar la construcción de nuestra sociedad a algo tan lábil como el bien común. Cierto es, no obstante, que nuestra realidad política da muestras de ínfima moralidad, declive ético importante que deviene tanto más complicado si se mira desde la óptica los individuos que nos gobiernan, es decir, de cada liderato político, por un lado, pero por otro igualmente de cada integrante de las formaciones políticas que detentan el poder. Los individuos constituyen los grupos de poder, los grupos de poder constituyen las opciones políticas y estas opciones políticas son las que diseñan un determinado modelo de país, que puede o no coincidir con el modelo que cada ciudadano tiene en su cabeza. Si hacemos un esfuerzo imaginativo y reflexionamos un poco en el modelo de país que nos ofrece cada opción política, hoy por hoy, el boceto que se nos antoja, en la mayoría de las opciones, es bastante desalentador.

Suelo incidir desde hace años en un cambio de visión sobre la cuestión política, cambio que requiere por un extremo, renovar todo el sistema de representatividad del ciudadano: el voto que emitimos en cada elección, es un mandato, una institución jurídica cuyos orígenes se remontan a lo más antiguo del Derecho, la orden dada por un individuo a otro por la cual aquél confiere autoridad a éste para ejecutar en su nombre y representación un determinado cometido. En política, el mandato confiere autoridad a nuestros representantes, a través del sufragio emitido con una serie de condiciones de legalidad. Este mandato es imperativo, personal libre y secreto. La característica principal del mandato, sin embargo, es su personalidad, es decir, su individualidad, de modo que yo, votante, confiero un voto, un mandato, a una persona en concreto para que bajo mi control ejecute en autoridad una serie de órdenes que en suma constituyen un determinado programa electoral. Desde esta perspectiva, resulta verdaderamente cuestionable la constitución de partidos políticos, puesto que al votar emitimos un mandato directo a una persona en concreto, lo cual, a su vez, conlleva la facultad del mandante para retirar su autoridad al mandatario, es decir, la del votante para retirar su autoridad a su representante político en caso de que esa autoridad se esté ejecutando de una forma contraria a las órdenes dadas, al programa político acordado.

Entiendo que esto puede resultar confuso para la mayoría de los españoles, porque nuestra Constitución potenció y fortaleció las organizaciones políticas, en un momento de Transición en el que era más que urgente que existieran organizaciones fuertes que se dedicaran a reconstituir la Democracia, más aún tras décadas sin experiencia democrática en España. El resultado sin embargo, es que esa experiencia democrática sale hoy por hoy bastante mal parada tras años en los que estas organizaciones políticas se han dedicado gravemente de desvirtuar el sentido del mandato que les conferimos. Es más, no sólo lo han desvirtuado, sino que lo han pervertido con todo tipo de corruptelas, añagazas, incumplimientos de sus programas electorales e incluso modificación de sus principios constitutivos: tanto en la izquierda como en la derecha, lo que eran principios constituyentes de todos los partidos, se han ido convirtiendo en puras declaraciones de falsa moralina, dejando al ciudadano a los pies de puros grupos de poder, las mismas jerarquías que dirigen todos los partidos, carentes de ética real, más pragmáticos bien para inventar leyes, impuestos, normas, obligaciones al ciudadano de toda clase que en nada tienen que ver con sus originarios programas políticos, bien para aprovechar los resortes de los partidos como catapultas de poder en las que pivotar para sus personales beneficios, privilegios, prebendas o subsidios políticos de toda clase. La única forma de romper este sistema, por tanto, que ha generado un nuevo tipo de estamento social, el de los políticos frente al resto de ciudadanos, no es otra que la de modificar la forma de acceso a ese estamento, y para ello no hay otro camino que reformar profundamente el sistema electoral y modificar el sistema de representación política. Esta reforma urgiría para reducir el poder de los partidos, y aumentar la capacidad del ciudadano a la hora de controlar a sus representantes: más fuerte es el mandato directo, por el cual el ciudadano tiene un voto directo a un representante en concreto, al cual pide responsabilidades, y sobre el cual puede disponer de mecanismos de control, exigencia de responsabilidades y establecer incluso sistemas de revocación de ese mandato con mayor inmediatez, en caso de incumplimiento del mandato emitido a través de cada voto electoral.

Ahora, cambiemos de tercio, imaginen ustedes cómo podría ser nuestra política si los ciudadanos tuviéramos mayor poder de control directo sobre cada uno de nuestros representantes. Imaginen si cada uno de nosotros, como cristianos, por ejemplo, podemos retirar nuestro voto de forma inmediata a cualquier representante que se posicionara a favor de la eutanasia, como sucede estos días, o contra cualquier representante que se declare en contra de la eucaristía en TVE, a favor de incrementar el IBI que ya paga la Iglesia o, sencillamente, imaginen que usted directamente puede retirar su voto, con bastante más inmediatez, a cualquier presentante que pretenda imponer la nefasta y deformada ideología de género…

Imaginen un modelo de país y compárenlo con el actual: probablemente les facilitaría mucho las decisiones morales a la hora de emitir un voto y, sobre todo, revocarlo.