Archidiócesis de Sevilla

La aprobación en el Consejo de Ministros del 29 de mayo del Real Decreto-Ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital supone para Cáritas Española un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que “nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos”.

Se trata de una medida demandada por Cáritas desde hace años, incluida en las ocho propuestas políticas presentadas ante las últimas elecciones legislativas y cuya necesidad había sido planteada de manera reiterada tanto por la Fundación Foessa como por el sector social.

Desde Cáritas aseguran que su configuración como derecho subjetivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica es “positivo” y como prestación no contributiva de la Seguridad Social se presenta como “un paso muy relevante en la garantía de los derechos y en la protección de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad”. Al configurarse como un derecho –señalan- el ingreso mínimo vital contempla algo que era demandado por el sector social y por el Comité Europeo de Derechos Sociales, como es que “el tiempo de duración de la prestación vaya ligado a la situación de necesidad y que permanezca mientras esta situación no cambie”.

Asimismo, explican que cumplirá una función de factor estabilizador automático en las épocas de crisis, “al generar una base mínima de protección para las personas que carezcan de ingresos, que se reducirá en momentos de bonanza cuando el empleo pueda recuperarse”.

Por otro lado, desde la institución católica han destacado que este recurso “trata de evitar la pobreza severa, dando una especial atención a los hogares con hijos, aunque pierde capacidad protectora en los hogares de las familias más numerosas”.

Déficits detectados

Pese al avance en materia social que representa esta medida, Cáritas ha detectado algunos aspectos sin resolver, que dejarán fuera del ingreso mínimo vital (IMV) a personas que deberían poder acceder a él. Así, denuncian que excluye a las personas en situación administrativa irregular. “Nos preocupa la situación de las familias migrantes, que van a caer en situación de irregularidad sobrevenida y, en especial, los menores de esas familias que no van a estar protegidos en condiciones de igualdad con otros niños y niñas de nuestro país por el mero hecho de que a sus padres les falta un papel”, lamentan.

Igualmente, han alertado sobre la restricción en el acceso a las personas jóvenes: “No compartimos que no se pueda acceder al ingreso mínimo a partir de los 18 años, especialmente en el caso de los jóvenes que salen del sistema de protección de menores. Incluso en el caso de que se pueda solicitar a partir de los 23 años, será casi imposible acceder a esta protección dados los requisitos que se exigen, como, entre otros, haber vivido de forma independiente durante tres años, algo que, en el contexto actual, es sumamente complicado para las personas jóvenes”.

Además, manifiestan su disconformidad con la limitación a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio, lo que implica “desconocer la realidad de muchas familias que, ante la dificultad en el acceso a la vivienda y como estrategia de supervivencia, tienen que compartirla, con lo que superan el límite fijado por el Real Decreto”, argumentan. Así como la vinculación que se establece entre el empleo y la obligación de constar como demandante de empleo. En este caso, advierte Cáritas, “supondrá que las personas que, por sus especiales circunstancias (enfermedades crónicas, por ejemplo), tengan dificultades de inclusión en el mercado laboral no podrán acceder a la prestación”.

Finalmente, “nos preocupa que se queden fuera de esta prestación las personas que estén residiendo de forma permanente en lugares con financiación pública”.