Cáritas Diocesana de Sevilla aumenta en un 35% sus ayudas durante el confinamiento

Cáritas Diocesana de Sevilla aumenta en un 35% sus ayudas durante el confinamiento

Las zonas más castigadas continúan siendo los barrios más vulnerables. Alimentación y productos de higiene y salud ocupan el 90% de las ayudas.

Cáritas Diocesana de Sevilla ha aumentado en torno al 35% las demandas de ayudas sociales desde que se inició el estado de alarma, llegando al 60% en las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Además, desde el pasado 15 de marzo, esta entidad de la Iglesia ha adaptado sus servicios y recursos a las condiciones dadas por el Gobierno con el fin de permanecer al lado de los más necesitados en todo momento.

La crisis golpea con más fuerza a los más vulnerables

Los datos arrojados por el Informe Foessa Andalucía el pasado año ya advertían sobre el alto índice de exclusión que padecía la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hasta este momento, el 18,6 % de los andaluces, alrededor de un millón y medio de personas, se encontraba en situación de exclusión social. De estos, cerca de 760.000 personas vivían la exclusión de forma severa y de ellos, 300.000 formaban parte de una sociedad “descartada”. De la misma forma, se estimaba que alrededor de un millón de personas pertenecientes al sector de la inclusión, no soportarían una nueva crisis y caerían también a los niveles de la exclusión. Era la huella principal de una crisis que no recuperaba los niveles previos a la misma después de la Gran Recesión.

En medio de este escenario ha irrumpido una pandemia que ha provocado en el momento una grave crisis sanitaria y social, cuyas medidas no han impedido que miles de personas hayan perdido sus recursos, redes de apoyo, contratos y negocios de la noche a la mañana. A través del trabajo que Cáritas está realizando en Sevilla, la entidad constata esta realidad.

Se estima que las peticiones han aumentado en un 35% en este tiempo; en un 60% si nos situamos en zonas como Torreblanca, Polígono Sur, Macarena Norte o Tres Barrios-Amate. En esta última Cáritas ha pasado de atender a 300 familias con regularidad, a 600 desde que se estableció el estado de alarma.

Lo que sucede en tres Barrios- Amate es una muestra de lo que se están encontrando los agentes de Cáritas estos días. “Más de la mitad de las personas que acuden a la institución hoy ya estaban siendo acompañadas por la entidad antes de la COVID 19, bien de forma puntual o continuada –explican desde Cáritas- y, debido a las medidas adoptadas por la pandemia, han visto agravada su situación”. Son familias que previa a la COVID 19 ya se encontraban inmersas en una pobreza estructural y cronificada.

Sin embargo, a raíz de la pandemia muchas personas que vivían al día han visto cómo el confinamiento ha obligado a parar su actividad y, por tanto, a prescindir de su principal y única fuente de ingresos, teniendo que acudir por primera vez a organizaciones como Cáritas, para afrontar con urgencia sus necesidades básicas. Muchas de estas personas forman parte de un ERTE, son empleadas del hogar, se dedican a la venta ambulante… con trabajos precarios, contratos temporales, pertenecientes al sector terciario o dedicados a la economía sumergida.

Así, el 90 % de las demandas cubiertas por Cáritas desde el 15 de marzo está relacionado con productos de primera necesidad como alimentación, higiene o farmacia. En algunos casos se cubren también gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o electrodomésticos.

Migrantes en situación irregular, los más desprotegidos

En todo este tiempo, tanto Cáritas Diocesana como la Delegación diocesana de Migraciones han detectado a un grupo de personas y familias migrantes que han visto agravada su situación debido a su irregularidad administrativa ya que, al igual que otras personas, han visto suspendidos sus recursos e ingresos. Sin embargo, éstas no han podido acceder a ningún tipo de ayuda oficial para dar respuesta a las necesidades básicas de la vida diaria, “lo que les hace aún más vulnerables”, subrayan desde Cáritas.

Ante esta realidad y bajo el lema ‘Hermano migrante, no estás solo’, la Delegación diocesana de Migraciones de la Archidiócesis de Sevilla y Cáritas han iniciado estas últimas semanas un trabajo en red que pretende cubrir las necesidades más básicas y orientar a este sector de la población que ha quedado absolutamente desprotegido.

La caridad no cierra

El estado de alarma ha obligado a cambiar los modos de actuación de los voluntarios de Cáritas, haciendo su labor en algunos casos mediante atención telefónica o el uso de los medios tecnológicos y en otros, conservando la atención presencial.

Ellos, junto al acompañamiento de los trabajadores sociales de la organización, atienden en primera línea a quienes padecen esta crisis social con mayor gravedad, manteniendo su acompañamiento a las familias a las que ya atendían antes y haciendo un esfuerzo por acoger también las nuevas demandas de ayuda.

De la misma forma, Cáritas Diocesana ha adaptado y mantenido su atención a colectivos especialmente vulnerables como las personas sin hogar residentes en Centro Amigo, las personas migrantes acogidas por el Proyecto Nazaret o las personas acompañadas por el Proyecto de Cuidado de Mayores. También se ha mantenido la intermediación y orientación laboral a distancia que normalmente se realiza de forma presencial en el Centro Diocesano de Empleo. Además de atender y coordinar las más de 1000 llamadas recibidas derivadas a Cáritas parroquiales y otras entidades, sin contabilizar las que precisaban únicamente información.

Cada gesto cuenta

Finalmente, Cáritas Diocesana ha querido agradecer la respuesta solidaria de socios, donantes, empresas y entidades, gracias a los cuales se han conseguido más de 500.000 euros a través de la campaña ‘Cada gesto cuenta’. “Estas colaboraciones están permitiendo afrontar el primer impacto de una crisis que la institución prevé que ha venido para quedarse y continuará necesitando de la aportación de todos”.

En este sentido, esta entidad de la Iglesia sigue apelando al carácter solidario de la ciudadanía y llama a las instituciones públicas a tomar las medidas necesarias para que las personas más vulnerables cuenten con la protección que merecen, económica y social.

 


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