Cáritas Regional de Andalucía denuncia el importante descenso de las ayudas procedentes del IRPF
En tan sólo dos años, las Cáritas de Andalucía han visto reducida en más de un millón de euros la ayuda recibida de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al 0,7% del IRPF para fines de interés social. La entidad de la Iglesia quiere denunciar que este descenso se debe a la gestión que la Junta ha realizado desde que en 2017 asumiera esta competencia, que hasta esa fecha gestionaba el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Las diez Cáritas andaluzas dedican actualmente 40 millones de euros anuales para el ejercicio de su acción social. Hasta 2017, los fondos públicos recibidos por la asignación del IRPF para fines sociales suponían unos cinco millones de euros. La reducción de estos fondos obliga a la entidad a realizar un sobresfuerzo por mantener los servicios prestados desde hace muchos años que, en la mayoría de los casos, suplen la falta de recursos públicos. Según el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, muchos de los recortes van a incidir en programas que dan respuesta a necesidades sociales no atendidas por la Junta de Andalucía.
Resulta particularmente grave el recorte experimentado en los programas destinados a personas sin hogar. En concreto, las ayudas procedentes del IRPF para el trabajo de Cáritas en Andalucía con este colectivo se han visto reducidas en cerca de 500.000 euros, pasando de 1.146.461, euros a 779.930,22 euros durante los dos últimos años. La reducción no afecta sólo a los programas que benefician a personas sin hogar, sino que también la han sufrido los proyectos de empleo (260.000 euros), de atención a mayores (283.505 euros) y los dedicados al acompañamiento de personas migrantes (150.000 euros).
A pesar de que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales celebró varias reuniones con la Mesa del Tercer Sector, finalmente “ha hecho caso omiso de los criterios expuestos por las entidades representadas en la Mesa y ha atendido a criterios propios, muy alejados de los que les trasladamos”, comenta el presidente de Cáritas Andalucía. Desde Cáritas afirman que parte de la razón de todo esto es que se han repartido los mismos fondos a un número mayor de entidades, sin atender a la importancia o relevancia de su acción, la trayectoria de muchos años de los proyectos y el importante número de personas atendidas. “En este sentido, la interlocución con las entidades del tercer sector por parte del equipo que ha gobernado la Consejería hasta ahora no puede ser más decepcionante, puesto que únicamente han pretendido aparecer en la foto con las entidades sin atender realmente a sus fundadas demandas” concluye Pérez de Ayala.
Cáritas Regional de Andalucía denuncia que esta bajada en las asignaciones del IRPF se suma al importante descenso de financiación procedente de las últimas convocatorias de subvenciones propias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para programas destinados a colectivos en situación de exclusión social. En tales subvenciones, las Cáritas andaluzas ha pasado de recibir algo más de 1,3 millones de euros en 2014 a recibir, para los mismos fines, poco más de 480.000 € en 2018. “Los recortes que estamos sufriendo las entidades nos pueden obligar a cerrar algunos recursos imprescindibles en la atención a los más desfavorecidos”.
“Dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos más vulnerables es un compromiso de todos, y como tal, la Administración debe garantizar que así sea desde la responsabilidad que les compete”, comenta Pérez de Ayala. “Cáritas, por cada euro que recibe de la Junta de Andalucía, pone de sus propios recursos cuatro euros más, si nos recortan las escasas asignaciones públicas, los perjudicados serán los colectivos más vulnerables que atendemos”, advierte.
Por este motivo, y ante la llegada de unos nuevos responsables públicos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Cáritas de Andalucía desea que se abra una etapa de interlocución real y leal con las entidades sociales y un “apoyo efectivo a los proyectos que se llevan a cabo por les entidades reconociendo nuestro papel en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad”.
