El Informe FOESSA alerta que la precariedad laboral se ha duplicado durante la pandemia y alcanza a casi dos millones de hogares
Bajo el título ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’, Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado un informe en el que exponen una radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.
El documento, presentado ayer por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, alerta de que “la cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2”.
Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares.
“Se ha producido -señala Raúl Flores- un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”. A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que “lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un salario insuficiente, sino muchas veces trabajar una jornada de 3 horas cuando podrían y desearían trabajar una jornada completa, o la temporalidad y estacionalidad de los contratos”.
A pesar del aumento de la protección social no se ha logrado compensar esta situación y un tercio de estos hogares carece de algún tipo de ingreso periódico que permita cierta estabilidad.
“La crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar la desigualdad”, sentencian desde Cáritas. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 %. Precisamente para la secretaria general de Cáritas, “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.
La brecha digital y brecha de género
La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital. No en vano, la investigación ha revelado que casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital. Éste supone dificultades serias para más de 800.000 familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales.
Por otra parte, la pandemia ha aumentado la brecha de género. “La crisis ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social”, lamentan.
De este modo, la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18 % en 2018 al 26 % en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres.
“Por un lado, estas diferencias de género han permanecido ausentes de debates tanto políticos, como mediáticos -apunta Raúl Flores- y, por otro, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, la desventaja acumulada por razón de género permanece, algo que remite a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces”.
Ser joven y migrante, factores de exclusión en sí mismos
Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes afectados por procesos de exclusión social intensa. “Hay un grupo de jóvenes -subraya Flores- que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.
Pero, si el factor etario es algo novedoso, la nacionalidad de origen sigue una tendencia persistente. “El 50,3 % de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, casi tres veces mayor que en los hogares españoles”, indica el texto.
“Este informe enfatiza -según Natalia Peiro- cómo la estructura social y económica, más allá de la pandemia, lleva décadas generando y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”.
Retos y propuestas
Frente a situación, el informe Foessa y Cáritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con una serie de propuestas.
En primer lugar, mantener de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica.
Por otro lado, mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, “ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social”.
Además, exigen “reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el rescate de los sectores más excluidos”.
Su cuarta propuesta pasa por mejorar la organización social del tiempo de trabajo y acabar con las situaciones de irregularidad. A eso se suma la petición de complementarse los salarios escasos con otras medidas redistributivas.
Por otra parte, también identifican como un reto pendiente, la necesidad de
“garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados”. Al respecto, proponen poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial.
Finalmente, entre sus iniciativas está superar la brecha educativa provocada por el apagón digital y avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI.
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