El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia el silenciamiento en la sociedad de la realidad de las personas migrantes internadas en los CIE
El Arzobispado de Sevilla ha acogido el acto de presentación del informe que ha elaborado el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, y que en esta ocasión lleva por título ‘Internamiento muteado’. El vicario episcopal para la Pastoral Social, Salvador Diánez, ha organizado el acto en el que han intervenido Paola Moreno, voluntaria de Claver-SJM; Armando Agüero, coordinador del equipo de visitas a los CIE; y el autor del informe, Josep Buades.
En este acto se han compartido diversas historias de vida que ponen en evidencia el funcionamiento y la razón de ser de estos centros. Igualmente se han expuesto una serie de peticiones dirigidas a la judicatura, la Policía, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, los medios de comunicación y la sociedad en general, para que se extreme la protección de los derechos de las personas internadas.
El informe, que este año cumple su decimocuarta edición, revela una estabilización en las cifras de personas internadas en los centros, alrededor de dos mil al año desde 2020, al mismo tiempo que pone el acento en el desconocimiento para la sociedad de la realidad de su funcionamiento e impacto. Desde SJM se denuncia el “recurso desproporcionado” al CIE, “a pesar de que el internamiento sea contemplado por la ley como la última de las medidas cautelares, ninguna tan lesiva”. El 71 % de los internamientos tuvieron causa de expulsión, mientras que apenas un 27 % lo fueron por devolución. Además, la media de estancia en los centros se situó, aislando los centros de Madrid y Tenerife (sin apenas actividad), en algo más de 30 días.
“Las cifras oficiales transmiten la idea de un internamiento con sordina»
Sin embargo, del total de repatriaciones forzosas llevadas a cabo por el Estado español, tan solo un 30% fueron desde CIE. Aun así, la cifra total apenas alcanza las 4.000 anuales desde la pandemia, cuando de 2019 hacia atrás siempre se situaba alrededor de las 10.000. Cuatro de cada 10 personas internas fueron puestas en libertad finalmente. El 55 % de las personas internas fueron repatriadas, cifras porcentuales muy similares a las de los últimos siete años, fluctuando en una horquilla entre el 47 % y el 57 %.
En el informe, que fue presentado días atrás en el Congreso de los Diputados, se denuncian, entre otras situaciones, las trabas que se siguen poniendo en algunos centros a las visitas de entidades de la sociedad civil, de capellanía e incluso a la orientación jurídica de extranjería, que en muchas ocasiones se ejerce sin privacidad. Por otra parte, desde SJM se pide una reforma urgente tanto del pliego de contratación como en el propio servicio médico-sanitario. El agravamiento de la salud mental de los internos lo justificaría: siete de cada diez personas internas entrevistadas en este estudio manifestaban síntomas de ansiedad y depresión, mientras que el 20 % había intentado autolesionarse.
Los CIE son una herramienta nuclear de las políticas migratorias estatales, y en especial, europeas. El nuevo Pacto de Migración y Asilo aprobado por la UE el pasado abril ensalza la figura de la detención a personas migrantes que accedan o se encuentren de forma irregular en los estados, y la gestión migratoria ha sido uno de los ejes centrales del debate político en torno a las Elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio. Desde el SJM se afirma que “las cifras oficiales transmiten la idea de un internamiento con sordina, silenciado por números relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse a personas con antecedentes, pero que trunca proyectos familiares de vida y genera un sufrimiento inmenso, afectando de lleno a la salud mental de quienes lo padecen”. Finalmente, el SJM reitera, una vez más, su llamada a cerrar los CIE definitivamente.
