Archidiócesis de Sevilla

    Que el partido en el gobierno viene incumpliendo sus promesas electorales casi desde el minuto uno que comenzó a gobernar, es cuestión sobre la que no cabe la menor duda. Que muchas de sus promesas electorales son sólo eso, promesas que o bien se las lleva el viento, o bien caen en el saco de la multitud de cosas por hacer, pues también. Partamos de la base de que, en buen criterio, exigir a los partidos el cumplimiento a rajatabla de todas sus promesas electorales puede llevarnos a situaciones incluso absurdas, dado lo habituados que están en los partidos políticos españoles a incluir en sus programas electorales no pocas veces multitud de cuestiones que o bien a nadie interesan, o bien no son demandas efectivas de la ciudadanía, o bien sencillamente esconden intereses espurios de sectores, esos ya burdamente aceptados "lobbies", que imponen sus intereses políticos incluso a los partidos, por encima de lo que en ocasiones demandan sus propias bases, a fin de beneficiarse de una determinada medida futura.

    Lastimosamente, detrás de las políticas aplicadas con el aborto inducido en España ha existido mucho de eso. Casi desde el primer momento en que esta cuestión fue planteada hace ya tantos años, se trata de una tristísima cuestión mediatizada larga y oscuramente por sectores de la sociedad que directamente se benefician de la banalización del aborto inducido voluntario, no ya como lo que durante los años 80 se denominó "interrupción voluntaria del embarazo", subterfugio que posteriormente ningún legislador ha querido renombrar, sino incluso promocionando la realización de técnicas abortivas como puros medios contraceptivos. En el trasfondo de toda esta banalización existe un problema aún más grave, cual sea el de una sociedad que no reflexiona en profundidad sobre los millones de niños asesinados, indefensos, que van dejando en sus camino sangriento las dos principales leyes proabortistas que ha tenido nuestra democracia.

    La primera ley orgánica del año 85 fue por sí mismo un coladero de supuestos incontrolados, a través de la cual, por motivos terapéuticos, criminológicos o eugenésicos, se aceptaba con descaro la eliminación de fetos casi en cualquier circunstancia, lo que avalaba al final la realización sistemática de los abortos inducidos siempre y cuando existiera voluntad de la madre o de cualquier tercero interesado que tuviera capacidad de inducción sobre la misma. La voluntad del padre, por cierto, carecía de significación alguna a estos efectos. Tengo referencias de algún caso concreto en los que una madre era invitada al aborto por el simple motivo de haber pasado por la puerta de un centro radiológico, caso que entraba dentro del presunto supuesto eugenésico, por los posibles daños que pudiera sufrir el feto ante un riesgo radiológico, riesgo ni tan siquiera acreditado probatoriamente. Si a ello se añadía el motivo terapéutico (riesgos psicológicos para la madre), la multitud de casos se convierte ya en indiscriminados… La respuesta del Partido Popular nunca fue cambiar esta ley, ni tan siquiera durante los años que gobernó, recuérdese.

    La segunda ley 2/2010, del gobierno de Rodríguez Zapatero, ha sido muy al estilo de las políticas eugenésicas actuales: constatando que ya tenemos suficientemente mentalizada a la sociedad con la realización del aborto inducido voluntario como una práctica común, procedamos a eliminar los supuestos para su realización, y sencillamente realicemos los abortos siempre y cuando pueda parecer que "matamos poquito". Perdonen ustedes la expresión, llena de ironía desde luego, pero no se me ocurre otra manera de describir esto del aborto inducido voluntario sometido a plazos: si el feto tiene catorce semanas, lo puede usted eliminar; si tiene catorce semanas y un día, ya no se lo permitimos porque lo consideramos una persona… Tamaña barbaridad, vestida con otros nombres y con el aval ominoso de la Organización Mundial de la Salud (que me pregunto yo de qué salud se preocupa esta organización que avala el infanticidio).

    En todo esto, nos llegó el gobierno de Mariano Rajoy prometiendo la eliminación ipso facto de la mentada ley e incluso volviendo a la ley de supuestos. No era una solución ni mucho menos plausible, pero si aquellos supuestos fueran controlados bajo criterios aceptables, fiables, médicamente controlados y ajenos a otros intereses, igual podríamos haber reducido la infame cifra de más de dos millones de asesinatos realizados desde que se permite el aborto en España. Pues bueno, después de un paripé difícilmente comprensible, ahora D. Mariano nos viene a aprobar una reforma de la ley de plazos de 2010 sin ningún sentido, sin razón, propuesta que llega tarde, mal planteada y con la única intención de recuperar a un votante que, sospecho, no se va a contentar con esta paupérrima propuesta, después de ver cómo este Partido Popular responde a intereses ajenos a lo que se extrae de su propio programa electoral. Afiliados y votantes del PP deberían estar que trinan: su propio partido les toma el pelo con cierto cinismo indigno y descarado. Si además de afiliado, eres católico, igual tienes por delante una buena Cuaresma para reflexionar sobre tus motivos para seguir apoyando a un partido acobardado por las encuestas y encabezado por un gobierno que incumple tan torpemente sus promesas electorales.